La segunda razón para garantizar la eficacia es el compromiso social por parte del Estado. Según las naciones unidas, quien realizo La Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989, el cual firmaron casi todos los países, compromete de manera obligatoria al Perú y demás naciones a proteger a los menores de explotación y abuso sexual. Es decir, el bienestar y las mejoras de calidad de vida de los infantes esta a cargo del Estado. No debe haber mayor prioridad que la protección y el desarrollo del infante, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Perú al firmar el convenio aceptó todos los puntos, por lo que tiene la obligación de apoyar nuestra propuesta de solución, debido a que debe de ser financiado por el Estado. Por otra parte, el seguimiento constante que se realizará a las familias es uno de los factores que caracteriza al proyecto, ya que en los otros países donde se lleva a cabo hace más de 30 años y sigue vigente en la actualidad, trajo consigo la disminución a un 48 % los casos de abuso sexual infantil. Por eso motivo, consideramos que es importante aplicar esta solución en nuestro país para solucionar el problema en cuestión. Las zonas de Estados Unidos donde se aplicó esta medida y las zonas de Lima donde se aplicará, comparten similitudes las cuales son el nivel de pobreza, bajo nivel educativo, familias disfuncionales, padres de temprana edad y con vicios. Debido a las semejanzas de las dos zonas anteriormente mencionadas, consideramos que se obtendrá resultados similares al implementar la solución de visitas domiciliarias por parte de psicólogas capacitadas en Lima.